La alianza entre la República Bolivariana de Venezuela e Irán no es nueva, pero ha alcanzado una profundidad en los últimos años que preocupa a expertos en seguridad, a gobiernos occidentales y a la propia región latinoamericana. Desde la década de 2000, cuando Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad tejieron un vínculo cimentado en la retórica antiimperialista, la cooperación ha pasado de lo simbólico a lo estructural. Créditos P2P Patrol
En este contexto, el antisemitismo ha sido un rasgo recurrente en la retórica chavista, lo cual ha facilitado la sintonía con Teherán. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2006, Hugo Chávez comparó a Israel con el nazismo, acusando a Tel Aviv de genocidio. En 2010, fue más lejos al calificar a Israel de “Estado maldito, terrorista y asesino”. Y en medio de lo descrito anteriormente, en enero de 2009, el discurso se trasladó al terreno interno venezolano. La sinagoga Tiféret Israel de Caracas fue profanada: archivos robados, paredes pintadas con consignas antijudías y espacios vandalizados. Varios funcionarios policiales estuvieron involucrados y fueron condenados. Ese mismo año, el Centro Simon Wiesenthal denunció una escalada de antisemitismo alentada desde el oficialismo.
La demonización de Israel permitió, así, que el chavismo adoptara la narrativa iraní sin fricciones. El “sionismo” fue convertido en sinónimo de imperialismo, y la causa palestina fue asumida como propia. Este giro ideológico no solo legitimó la alianza con Teherán, sino que debilitó el tejido plural de la sociedad venezolana, afectando de forma particular a la comunidad judía local.
Bajo el régimen de Nicolás Maduro, el eje Caracas-Teherán se ha transformado en un engranaje funcional para evadir sanciones, proyectar influencia y abrir un frente asimétrico contra Estados Unidos, Europa e Israel en el hemisferio occidental.
El “eje Caracas-Teherán” —expresión que aquí utilizo para describir la creciente dependencia venezolana de la protección iraní— representa un recurso táctico de supervivencia y un vector de riesgo estratégico. La evidencia disponible en informes judiciales, sanciones del Departamento del Tesoro, reportes de prensa y declaraciones oficiales muestra cómo la alianza se articula en cinco grandes dimensiones: energía y petróleo; inteligencia y documentación; solidaridad autocrática; cooperación militar, y finanzas ilícitas. A continuación, analizaré cada una de ellas y, por último, cómo impactan, en mayor o menor medida, en la seguridad hemisférica y en la estabilidad de regímenes democráticos de la región.
El petróleo como llave de la alianza
El petróleo ha sido la vía más evidente y, al mismo tiempo, la más opaca de la cooperación venezolano-iraní. En 2020, en medio de la aguda crisis de desabastecimiento de gasolina en Venezuela, Irán despachó varios buques cargados de combustible. La operación se interpretó como un desafío directo a las sanciones de Estados Unidos y como un gesto de socorro político hacia Maduro. Poco después, el Departamento de Justicia anunció la incautación de cuatro cargamentos de combustible iraní, confirmando lo que muchos analistas sospechaban: Teherán estaba empleando la crisis venezolana para ensayar mecanismos de evasión que luego replicaría en otros contextos.
Pero la cooperación no se detuvo. En 2022, la estatal iraní National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) firmó un contrato por 110 millones de euros para reparar la refinería El Palito, en el estado Carabobo. Era la primera vez que una empresa iraní obtenía un contrato formal de esa magnitud en la industria petrolera venezolana. Posteriormente, técnicos iraníes se desplegaron también en el complejo refinador de Paraguaná, donde introdujeron catalizadores y repuestos esenciales.
Los pagos no fueron transparentes, sino en especies. Bloomberg documentó, en 2020, que Caracas envió nueve toneladas de oro a Teherán como parte de los acuerdos. El trueque de oro por gasolina, aunque insostenible a largo plazo, reflejaba la urgencia de Maduro por mantener la fidelidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el transporte interno. Esa transacción selló un patrón que desde entonces se repetiría: recursos estratégicos venezolanos transferidos a Irán a cambio de asistencia técnica, insumos energéticos e incluso asesoría militar.
El caso del Boeing 747 de Emtrasur —avión de carga venezolano antes operado por la sancionada Mahan Air— mostró cómo la logística aérea se sumaba al petróleo en el engranaje. Retenido en Argentina en 2022 y transferido a Estados Unidos en 2024, el aparato expuso las conexiones entre empresas sancionadas iraníes y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El hecho de que tripulantes fueran miembros o exmiembros de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó que la cooperación no se reducía a lo económico, sino que implicaba transferencia de cuadros de seguridad.
Inteligencia y documentación: el lado invisible de la alianza
Si la dimensión energética es visible, la de inteligencia se mueve en penumbras. En 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a Ghazi Nasr al Din, diplomático venezolano en Líbano y Siria, acusándolo de actuar como facilitador de Hezbolá y de servir de enlace para la recaudación de fondos irregulares. Ese mismo año, agencias de viajes venezolanas fueron señaladas de servir como fachadas de la organización libanesa.
Un punto crítico fue revelado por CNN en 2017: la existencia de una red de pasaportes venezolanos expedidos en Bagdad a ciudadanos de Siria, Irán e Irak, algunos con presuntos vínculos con Hezbolá. La investigación, titulada “Pasaportes en las sombras”, obligó al régimen de Maduro a expulsar a CNN en Español de la parrilla televisiva, confirmando la incomodidad del gobierno con la exposición internacional.
El Atlantic Council y otros centros de análisis han advertido desde entonces que Venezuela podría convertirse en plataforma para otorgar identidades falsas a actores hostiles. Los pasaportes venezolanos gozan de reconocimiento en gran parte de Latinoamérica, y su uso fraudulento abre la puerta a operaciones encubiertas en países democráticos. En un continente donde la porosidad fronteriza es la norma, la proliferación de documentos falsificados constituye una amenaza directa a la seguridad hemisférica.
Solidaridad autocrática con Teherán
Más allá de lo funcional, la alianza se sostiene en la solidaridad autocrática. En junio de 2022, Nicolás Maduro viajó a Teherán y firmó con Ebrahim Raisi un plan de cooperación de 20 años que abarca desde energía hasta defensa. Las imágenes de Maduro abrazando a Raisi y rindiendo honores oficiales fueron un mensaje inequívoco: Caracas y Teherán buscaban consolidar un eje duradero.
Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, ha participado en múltiples actos en la embajada iraní en Caracas, siempre reiterando que la relación con Irán es una “hermandad antimperialista”. Por su parte, Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa, ha incorporado a la doctrina militar venezolana conceptos de “guerra popular prolongada” inspirados en la Guardia Revolucionaria Islámica.
En varias ocasiones, tras ataques israelíes en la Franja de Gaza o enfrentamientos en el golfo Pérsico, voceros del chavismo han organizado marchas en apoyo a Irán. Las consignas se han mezclado con mensajes de solidaridad hacia Palestina y con acusaciones contra Estados Unidos e Israel. Esa narrativa, repetida en medios públicos, proyecta la alianza más allá de los pasillos diplomáticos: la instala en el imaginario político oficial venezolano.
Por otro lado, la alianza también se expresa en instancias multilaterales del Derecho Internacional Público. En la Asamblea General de la ONU, Venezuela ha votado de manera sistemática en consonancia con Irán en asuntos como sanciones y programa nuclear. En el Consejo de Derechos Humanos, representantes venezolanos han defendido a Teherán frente a resoluciones por violaciones graves a los derechos fundamentales. Y en el Movimiento de Países No Alineados, Caracas e Irán han impulsado resoluciones que buscan deslegitimar las sanciones occidentales. No se trata, por lo tanto, de mera retórica; es un esfuerzo por construir un marco jurídico-político alternativo en el que autocracias sancionadas se reconozcan y se protejan entre sí.
La dimensión militar
En 2022, Israel denunció que Irán planeaba dotar de municiones guiadas a drones entregados a Venezuela. Caracas lo negó, pero la acusación coincidía con la estrategia iraní de extender capacidades asimétricas fuera del Medio Oriente. Desde 2012, autoridades venezolanas han admitido la fabricación de drones con asesoría iraní.
La visita del Ministro de Defensa iraní a Caracas, en noviembre de 2024, selló la cooperación militar. Drones, lanchas rápidas, sistemas de vigilancia y entrenamiento en guerra asimétrica forman parte del repertorio. El caso del avión de carga Emtrasur, con tripulantes vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica, refuerza la evidencia de que Venezuela es utilizada como punto de apoyo logístico.
En este terreno, la alianza no solo supone un desafío regional, sino que introduce a Latinoamérica en la órbita de conflictos que antes parecían distantes. El espectro de un traslado de tecnología militar sensible —desde drones hasta misiles de corto alcance— preocupa a Israel y a Estados Unidos por la posibilidad de que, en un eventual escenario de confrontación abierta, Venezuela funcione como retaguardia de Teherán.
Finanzas ilícitas y banca paralela
La dimensión financiera es más sofisticada y menos visible. En 2013, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al Banco Binacional Venezolano-Iraní, fachada del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán. Ese banco había sido concebido en tiempos de Chávez y Ahmadineyad para canalizar operaciones conjuntas, pero en la práctica operaba como vehículo de evasión de sanciones económicas internacionales.
Informes recientes de FinCEN describen cómo redes vinculadas a Irán y Venezuela recurren a la banca paralela (shadow banking): emplean oro, carbón, criptomonedas y contratos petroleros triangulados para mover capitales fuera del alcance de sanciones. El patrón revela un ecosistema donde PDVSA funciona como proveedor, bancos binacionales como canales, y empresas pantalla como intermediarias.
La consecuencia es grave, pues erosiona el régimen internacional de sanciones, proporciona liquidez a regímenes autoritarios y facilita el financiamiento de grupos como Hezbolá. Para Europa, implica exposición en sus sistemas financieros; para Israel, riesgo directo de que esos flujos acaben en apoyo operativo a actores hostiles; para Estados Unidos, la confirmación de que su política de sanciones encuentra grietas.
Proyección regional y desafíos de la seguridad internacional
La alianza Caracas–Teherán trasciende el territorio venezolano. En Argentina, el episodio del avión Emtrasur, en 2022, reactivó los fantasmas de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), ambos atribuidos a Hezbolá. En Colombia, la presencia de comunidades libanesas con nexos comerciales ha derivado en investigaciones sobre redes de contrabando con posibles vínculos a Hezbolá.
La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, constituye un nodo crítico; allí se han documentado, desde hace décadas, actividades de recaudación de fondos y logística vinculadas al islamismo radical. Si bien es obvio que no toda la comunidad libanesa participa de estas dinámicas, la convergencia de actores ilícitos convierte la zona en un “espacio gris” aprovechado por Teherán; siendo que el papel de Venezuela en este mosaico es el de plataforma: provee documentación, logística aérea y cobertura diplomática que luego se inserta en otras geografías latinoamericanas.
La alianza entre Irán y Venezuela ha dejado de ser un símbolo de antimperialismo para convertirse en un entramado estructural y con largos tentáculos.
Pero la presencia de Irán en Latinoamérica por medio de Venezuela no es un problema local, sino un desafío de seguridad internacional. Para Estados Unidos, significa la amenaza de redes hostiles en el hemisferio occidental. Para Europa, la posibilidad de que capitales ilícitos penetren en su sistema financiero. Para Israel, la expansión del antisemitismo y de estructuras hostiles en un continente donde la comunidad judía tiene una presencia significativa.
La convergencia de estos intereses convierte el caso venezolano en un laboratorio de geopolítica asimétrica: un régimen sancionado se convierte en socio de otro para proyectar influencia, desafiar normas internacionales y ensayar mecanismos de resiliencia autocrática.
Lista de tareas pendientes
Ante tales asechanzas, las respuestas no pueden ser parciales ni improvisadas. El fenómeno requiere un abordaje integral que reconozca la dimensión internacional de la amenaza.
Primero, un mecanismo transatlántico de cooperación. Estados Unidos, Europa e Israel deben coordinar inteligencia en tiempo real sobre vuelos, contratos energéticos, transferencias financieras y actividades logísticas en puertos y aeropuertos. Esta coordinación debería institucionalizarse en un formato semejante a los grupos de trabajo conjuntos, que integren capacidades militares, policiales y de inteligencia.
En segundo lugar, sanciones selectivas y focalizadas. Las sanciones no deben diluirse en generalidades, sino dirigirse a actores concretos: aerolíneas de fachada como Conviasa y Emtrasur, bancos binacionales, empresas señuelo registradas en terceros países y entidades iraníes que operen en Caracas. Una política de precisión aumentará el costo de la alianza sin castigar a la población venezolana.
Tercero, control logístico reforzado. Latinoamérica necesita tecnología avanzada de trazabilidad marítima y aérea. El rastreo de cargamentos debe incluir algoritmos que crucen información aduanera, financiera y satelital. La cooperación con agencias de Estados Unidos y la Unión Europea puede dotar a países vecinos de herramientas para identificar transferencias ilícitas en tiempo real.
En cuarto lugar, cooperación judicial y policial. Es indispensable articular equipos conjuntos de investigación que incluyan fiscales y jueces de países latinoamericanos. El precedente de Eurojust en Europa puede inspirar un modelo regional para perseguir redes financieras ilícitas. La persecución penal de operadores logísticos, más allá de los grandes discursos, será clave para cortar los tentáculos de la red.
Quinto, respaldo a la sociedad civil venezolana. Ninguna estrategia será sostenible si no se incluye la dimensión interna. La reconstrucción de la institucionalidad democrática en Venezuela es un imperativo no solo político, sino de seguridad hemisférica. Apoyar a partidos políticos democráticos, periodistas, organizaciones de derechos humanos y movimientos cívicos contribuye a debilitar el ecosistema de opacidad que permite a Irán expandirse.
Estas recomendaciones no constituyen un catálogo exhaustivo, pero sí marcan el inicio de un camino. El eje Caracas–Teherán no puede ser enfrentado únicamente con sanciones: requiere creatividad institucional, legitima fuerza militar, alianzas inéditas y un compromiso sostenido del mundo democrático.
Conclusión
La alianza entre Irán y Venezuela ha dejado de ser un símbolo de antimperialismo para convertirse en un entramado estructural y con largos tentáculos. Energía, inteligencia, logística militar y finanzas ilícitas convergen en un mismo tablero. Cada pieza refuerza la otra: el petróleo alimenta la logística, la documentación provee cobertura, las finanzas sostienen la operación y la narrativa ideológica otorga justificación.
Venezuela ha pasado de ser un país en crisis a convertirse en la pica en Flandes de un actor extrahemisférico con ambiciones internacionales. El eje Caracas-Teherán es el símbolo de esa dependencia: un signo de sumisión, pero también de amenaza.
El desafío para Estados Unidos, Europa e Israel no es menor. Ignorar la penetración iraní en Latinoamérica equivale a subestimar un fenómeno que combina pragmatismo económico con radicalismo ideológico y poderío militar de dimensiones nucleares. La historia enseña que las redes ilícitas, una vez consolidadas, son difíciles de desmantelar.
La respuesta no puede limitarse al corto plazo. Se requiere una estrategia integral que articule sanciones inteligentes, cooperación judicial, solidaridad democrática internacional y fortalecimiento de los marcos multilaterales. Latinoamérica, con sus fragilidades y potencialidades, se ha convertido en un escenario decisivo de la geopolítica del siglo XXI.
La relación de Maduro con Irán no es un adorno exótico en la política venezolana: es un recordatorio de que la seguridad internacional depende, también, de que ocurra en Caracas lo que ya ha ocurrido en Teherán.
JUAN MIGUEL MATHEUS es un político venezolano en el exilio. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Monteávila (Caracas). Actualmente es investigador principal en la Facultad de Derecho de la University of Texas (Austin) y miembro afiliado al Centro de Derecho Constitucional de la Stanford University.
